Con la propuesta de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, el Estado mexicano defiende y protege los intereses de los monopolios, además de que da a la Secretaría de Gobernación facultades en diversos aspectos que no deberían estar bajo su control, como la supervisión de contenidos, la revisión de la programación dirigida a la infancia y el establecimiento de los tiempos de publicidad, lo que significa una vuelta total al pasado, advirtieron académicos especializados en el tema.

Con esta iniciativa de ley, “el Estado decidió volver a ser gerente de los monopolios y permitir que latelecracia gobierne en el campo de la cultura”, sostuvo Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. De acuerdo con esas disposiciones, dijo, los sectores sociales tendrán todos los obstáculos para que sus medios comunitarios puedan operar. Se les niega el acceso a financiamientos publicitarios y con ello se evitará que en las próximas elecciones haya mayor participación, la cual puede ser disidente del proyecto hegemónico que actualmente se está construyendo en la nueva fase del neoliberalismo que impulsa el PRI, advirtió. Consideró fundamental que el Legislativo defienda todas las garantías y premisas incorporadas en la Constitución con la reforma en telecomunicaciones de junio pasado. Si los legisladores aprueban la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sin modificarla, “habrán legitimado la Ley Televisa dos, con sus nefastas consecuencias para el desarrollo del país en el siglo XXI”. Clara Luz Álvarez, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que quitar atribuciones a los órganos autónomos que deberían controlar diversas actividades relacionadas con las telecomunicaciones para dárselas a Gobernación es un gesto negativo.

El hecho de que Bucareli maneje aspectos como la supervisión de contenidos va contra lo que dice la Constitución y del espíritu de la reforma en la materia. No podemos decir que vivimos en democracia si la secretaría encargada de la seguridad también coordina la radio y la televisión abierta. Erick Huerta, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, subrayó que en las normas legales sobre medios electrónicos hay disposiciones como las de hace 40 años, sin que pueda justificarse el predominio de Gobernación. Básicamente, señaló, se trata de una contrarreforma en todo lo que se refiere a radiodifusión. En el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, se ignora la ley de derechos lingüísticos, donde se señala que deben concederse espacios a las lenguas nativas, deploró. Por su parte, Carlos Alberto Lara, promotor, gestor y analista cultural, opinó en entrevista que los medios de servicio público, como el Instituto Mexicano de la Radio, el Canal 22 y el Once no tendrán un régimen que les permita desarrollarse. Habría que darles primero un estatus jurídico y luego una política de medios de servicio público. Si reúnes a todos estos medios, que en conjunto llegan a 70 por ciento de la población, casi podrías hablar de una tercera cadena, pero del Estado. (Con información de Arturo Sánchez Jiménez) Fuente: http://www.jornada.unam.mx/

What’s Happening in Mexico? A global call for freedom

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Ley Peña-Televisa: La mesa puesta

Denise Dresser
13 de abril de 2014 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Allí está la mesa puesta. Con velas. Con mantel. Con copas. Con cubiertos de plata. Una mesa que el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha puesto a Televisa con la iniciativa de ley secundaria a la reforma en telecomunicaciones. Un sitio para degustar, saborear, beber, cantar. Porque la televisora tiene motivos para celebrar una legislación diseñada para el tamaño de su apetito: para el tamaño de su voracidad, el tamaño del manjar que se le está ofreciendo. Como siempre, una propuesta que beneficia al operador pero perjudica al consumidor. Como tantas veces antes, una iniciativa que cumple promesas pero nada más para quien las exigió a la hora de redactar el menú.

El menú que supuestamente iba a ser equilibrado. Que no iba a tener sesgos. Que no iba a incluir regalos. Que no iba a tener dedicatoria o privilegios especiales. Eso nos dijeron, eso nos anticiparon, eso nos ofrecieron. Y después de meses de espera y anticipación y filtraciones y especulación, he allí lo que el gobierno cocinó: una legislación secundaria con desequilibrios regulatorios que afecta de manera más negativa a las telecomunicaciones, y termina beneficiando a Televisa. Una legislación secundaria que permite promover la publicidad personal como si fuera noticia, y termina beneficiando a Televisa. Una legislación secundaria que invade las funciones regulatorias del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, y termina por beneficiar a Televisa. Al diluir, al restar, al minar, al cambiar lo que el Pacto por México creó y que ahora Peña Nieto tira a la basura. Al borrar lo que tenía que haber sido incluido en la receta. La jurisprudencia surgida después de innumerables litigios. El imperativo de respetar la reforma constitutional. Aquello en lo que todos se habían puesto de acuerdo hace meses cuando –con bombo y platillo– la reforma fue aprobada.

Pero ahora, al intentar sentar a los consumidores a la mesa, resulta que no hay lugar para ellos. Ahora, en el momento de encontrar sitio para la competencia, resulta ser que no cabe. Ahora que al Ifetel le corresponde fijar las reglas para los comensales, no lo dejan entrar ni para tomarse un aperitivo. Porque la mesa está servida tan sólo para Televisa y sus amigos en el gobierno. Para la televisora y aquellos que comparten sus intereses. Para quienes dijeron que la legislación secundaria reflejaría el espíritu de la reforma constitucional pero acabaron traicionándola. Después de cien días de ominoso silencio. Después de cien días que transcurrieron más allá del plazo acordado para su aprobación. Después de cien días en los cuales los coordinadores parlamentarios guardaron silencio, o cerraron los ojos, o trataron de ocultar lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el restaurante.

Un texto repleto de platillos que Televisa sugirió, que Televisa pidió, que Televisa exigió estuvieran sobre la mesa. Para que no puedan declararla empresa “preponderante” o cuestionar su propiedad cruzada o impulsar el apagón analógico. Para que no haya mayor competencia o pluralidad o penetración en todos los servicios de comunicaciones. Para que la empresa pueda seguir controlando. Frenando. Obstaculizando el avance en un sector que debería ser nuestro pero que la legislación secundaria propuesta define como suyo. Por ello no sorprende que especialistas en materia de competencia y telecomunicaciones expresen su animadversión. Allí está el desquilibrio. Allí está la comparación entre la regulación dura en telecomunicaciones pero blanda en televisión. En una iniciativa inaceptable. En una iniciativa que sacrifica el interés público y protege nuevamente a la empresa que brinca por encima de él. En una propuesta que pone en entredicho la actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto y evidencia su claudicación. Poniendo a prueba la representatividad de los legisladores y cuán resistentes podrán ser ante la colusión. Sometiendo a examen a quienes están dispuestos a aceptar que la propuesta no se pronuncie sobre un mejor aprovechamiento del espectro o atienda el tema de las radios comunitarias o aplace el “apagón analógico” o haga imposible la declaratoria de “preponderancia” en television o ignore los derechos de las audiencias o le arranque facultades regulatorias al Ifetel para entregárselas a la Secretaría de Gobernación. El proyecto de iniciativa nos enfrenta –como advierte Mony de Swaan, expresidente de la Cofetel– con un pasado conocido: “el de la concesión política a costa del consuimidor”.

Aun así, es probable que los legisladores se conviertan en cómplices de Televisa y de los que presionan al Congreso para que legisle exclusivamente en su favor. Buscarán no cambiarle ni una sola coma a la iniciativa. Actuarán como si fueran representantes de la población cuando están supeditándolos a los intereses de un solo concesionario. Argumentarán que la propuesta representa un avance, pero lo es nada más para los intereses de la televisión. No constituye un avance para fomentar la competencia real y la desconcentración indispensable y la regulación necesaria. La minuta representa un avance para quienes quieren reguladores light y modernización simulada. No constituye un avance para los ciudadanos que buscan democratizar el poder de la televisión. Desconcentrarlo. Modernizarlo para aspirar a las mejores prácticas internacionales antes que sucumbir a las peores inercias nacionales.

Por ello habrá que seguir insistiendo en lo que la iniciativa ignora: el espectro radioeléctrico es un bien público. No pertenece a los dueños de las televisoras, sino a los habitantes del país. No se comercializa sólo para permitir las ganancias, sino para favorecer a los consumidores. Y los consumidores se benefician con la competencia que genera beneficios para muchos, no sólo ganancias para pocos. Los habitantes del país se benefician con la pluralidad que debería estar representada en la mesa. Pero tal y como está, la iniciativa permite que una empresa –Televisa– siga sentada en la cabecera y comiendo glotonamente sola.

Fuente: http://www.proceso.com.mx