El informe sobre el estado de las investigaciones en el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, presentado por el procurador general, Jesús Murillo Karam, a través de la televisión fue contradictorio, incompleto, apresurado y contrario a la ley procesal. No se sabe en qué condiciones esos tres de los presuntos delincuentes aceptaron confesar ante la televisión los delitos por los cuales han sido apresados, ni cuáles normas legales permiten que en los inicios de la fase de la instrucción del proceso penal esas declaraciones y confesiones se hagan públicas ante el país entero. Por otra parte, esta ceremonia pone en riesgo la marcha entera de la investigación y las posibilidades de apresar a otros autores y cómplices todavía prófugos.

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